La piratería marcaria representa un desafío global persistente que afecta a múltiples industrias, y la moda se destaca como uno de los sectores más impactados. Este fenómeno ilícito no solo socava la integridad de las marcas y la confianza del consumidor, sino que también conlleva un costo ambiental significativo, a menudo subestimado. Paradójicamente, la propia lucha contra estos productos falsificados, crucial para proteger la propiedad intelectual, contribuye de manera significativa a la contaminación ambiental.
El impacto ecológico es bifacético. Por un lado, en la fase de producción, los fabricantes de falsificaciones operan al margen de las regulaciones, recurriendo a menudo a químicos y materiales tóxicos que contaminan el aire, el agua y el suelo. Esta «industria en la sombra» magnifica los problemas ambientales, como las altas emisiones de gases de efecto invernadero y el desperdicio de agua que ya caracterizan a la industria de la moda legítima.
Por otro lado, los productos falsificados incautados suelen terminar en vertederos o ser incinerados. Métodos como la quema abierta liberan humos tóxicos, dioxinas y furanos, que son carcinogénicos y altamente resistentes a la degradación ambiental. La disposición en vertederos no sanitarios, de igual forma, provoca la fuga de lixiviados tóxicos que contaminan aguas subterráneas.
Esta persistencia de prácticas de destrucción insostenibles se puede interpretar como una falla de gobierno. Según Richard Obuchi, la intervención estatal busca corregir las fallas de mercado, como las externalidades negativas. La contaminación generada por la producción y destrucción de falsificaciones es una externalidad, los costos ambientales no son internalizados por los infractores, llevando a resultados socialmente sub-óptimos.
La falta de mecanismos explícitos y desarrollados para la disposición sostenible de mercancías falsificadas, como se observa en muchos marcos regulatorios, y la ausencia de directrices claras y recursos dedicados a la reutilización o el reciclaje, demuestran que el Estado no está logrando el equilibrio óptimo para el bienestar colectivo, pues prioriza objetivos de aplicación de la ley a corto plazo sobre la seguridad ambiental. Si bien existen leyes de propiedad intelectual y ambientales, la fragmentación regulatoria y la falta de inversión en infraestructura de reciclaje sostenible impiden una solución integral.
La solución a este dilema requiere un enfoque innovador, y es aquí donde los negocios inclusivos ofrecen una vía prometedora. Especialistas en esta materia como Josefina Bruni Celli y Rosa Amelia González, definen los negocios inclusivos como iniciativas de mercado rentables para las empresas que, a la vez, incorporan a los sectores de bajos ingresos (SBI) en una cadena de valor, mejorando sustancialmente su calidad de vida.
Aunque inicialmente se centraron en el consumo, los SBI pueden ser integrados como productores, socios o distribuidores. Iniciativas como React Sustains, que colabora con empresas sociales para desmantelar y reciclar productos falsificados empleando a personas vulnerables, ejemplifican cómo la destrucción sostenible puede convertirse en una oportunidad de valor social transformador. De esta forma, los materiales recuperados encuentran nuevos propósitos y se crean empleos dignos, lo que representa beneficios económicos y sociales.
La gestión de productos falsificados no debe limitarse a su eliminación, debe repensarse como una oportunidad para rediseñar políticas públicas y cadenas de valor. En lugar de destruir, podemos reconstruir. Integrar prácticas sostenibles y modelos de negocio inclusivos en esta lucha permite transformar un problema legal en una solución ambiental y social. Es hora de que gobiernos, empresas y sociedad civil actúen con visión. No para apagar el fuego, sino para redirigir su energía hacia un desarrollo más justo y regenerativo. Es un camino hacia una gestión más consciente y transformadora del impacto de la propiedad intelectual.
Unai Berecibar Quintana
